Hay un punto de quiebre entre un Estado ineficiente para garantizar seguridad y justicia y un Estado que orienta conscientemente su política de seguridad hacia la impunidad. Y ese punto de quiebre está marcado por razones meramente económicas.
La impunidad en Tucumán es un negocio. La inseguridad es un negocio que genera dinero, y uno de los primeros beneficiarios son los negocios de policía paralela. Se estima que en el país el cincuenta por ciento de las empresas de seguridad privada están integradas por ex policías. Una ciudad que siente la inseguridad es buen mercado para la el negocio de la protección paga.
Las empresas de seguridad privada cumplen una función importante: no sólo reemplazan a la policía en sus deberes de prevención, sino también absorben mano de obra excedente de las fuerzas de seguridad desplazadas por diversos motivos: desde irregularidades hasta jubilaciones. Además, evita el peligroso problema de policías destituidos deambulando por la ciudad: las empresas de seguridad privadas los absorben, los utilizan y les dan trabajo. Uno ex policía contento es un ex policía que no denuncia.
El segundo negocio de la impunidad está marcado por la ineficiencia del Estado a la hora de mantener subordinadas a sus propias fuerzas de seguridad. La policía es el sector gremial con mayor poder objetivo de negociación, y en Tucumán es frecuente enterarnos de amotinamientos por cuestiones salariales. Los aumentos conseguidos por el sector siempre superan ampliamente a los de los demás trabajadores.
El sistema de trabajo de 24 horas por 48 de descanso garantiza a un policía que se considera mal pagado la posibilidad de hacer servicio adicional: es decir, ofrecer sus servicios a cambio de dinero. Así, es muy común “contratar” policías para eventos, como si la función del policía no fuera custodiar de oficio.
Pero la carencia salarial tiene consecuencias más graves. Las zonas liberadas a la delincuencia, el regenteo de redes de venta de droga y su correpondiente “comisión” para la policía, y el negocio recaudatorio de las comisarías con las detenciones por contravenciones son las realidades más preocupantes.
Cuando el Gobierno se refiere a la “sensación de inseguridad” no está bromeando: paralela a la realidad, la “sensación” es la mejor publicidad para un Estado que se muestra ineficaz en mantener el bienestar de sus propios uniformados. Sin la sensación de inseguridad ni las empresas de seguridad privadas ni los policías en descanso tendrían trabajos adicionales.
La impunidad es la contracara de la inseguridad. Una provincia en la que los delincuentes gozan de impunidad, en muchos casos avalados por irregularidades policiales, judiciales y políticas, genera un ambiente de indefensión en la que el negocio de brindar seguridad encaja muy bien.
En Tucumán el Gobernador José Alperovich no hace sino reforzar la idea de que la cuestión de la seguridad se encuentra librada a las leyes del mercado. Consultado por la prensa en reiteradas oportunidades, su política de seguridad no tiene más ejes que “combatir el alcoholismo y la drogadicción”. Frecuentemente solicita vigilancia a los padres de los delincuentes y está empeñado en que haciendo desaparecer de los relojes tucumanos las horas de la delincuencia, la delincuencia acabará: Según él, la provincia comienza a tener problemas a las 4 am.
El negocio de las
contravenciones
Las contravenciones son una fuente de ingreso legal e ilegal de las comisarías.
Por lo general las detenciones por contravenciones deben transitar un trámite que, para el detenido, resulta largo de soportar desde una celda. En teoría la Policía no puede retener a una persona más de 48 horas sin una resolución de la Jefatura que, por lo general, tarda 48 horas en emitir.
Una vez que el juez y parte en la cuestión (la Policía) dictamina la culpabilidad en la comisión de la contravención, se fija un apena en días de arresto que puede ser reemplazada por el pago de una multa para recuperar la libertad. No existe durante el proceso derecho a defensa, y el trámite continúa su camino hacia la culpabilidad.
Sí después el acusado puede apelar la medida, y llevar el caso a Tribunales, pero no sin haber cumplido antes el arresto o pagado la multa a cambio de la libertad.
Muchos jóvenes con contravenciones incomprobables son informados en las comisarías de que el trámite es largo y, en algunos casos, previendo el monto de la multa, se les ofrece el pago “por antincipado” para recuperar la libertad. De esa manera, la detención queda asentada en el aire, la comisaría recauda, y el dinero no entra al circuito oficial.
La contravención más común es “desorden”. Una tipificación vaga, en la que pueden encuadrar diversas conductas, muchas de ellas incomprobables.
Por lo general las detenciones por contravenciones deben transitar un trámite que, para el detenido, resulta largo de soportar desde una celda. En teoría la Policía no puede retener a una persona más de 48 horas sin una resolución de la Jefatura que, por lo general, tarda 48 horas en emitir.
Una vez que el juez y parte en la cuestión (la Policía) dictamina la culpabilidad en la comisión de la contravención, se fija un apena en días de arresto que puede ser reemplazada por el pago de una multa para recuperar la libertad. No existe durante el proceso derecho a defensa, y el trámite continúa su camino hacia la culpabilidad.
Sí después el acusado puede apelar la medida, y llevar el caso a Tribunales, pero no sin haber cumplido antes el arresto o pagado la multa a cambio de la libertad.
Muchos jóvenes con contravenciones incomprobables son informados en las comisarías de que el trámite es largo y, en algunos casos, previendo el monto de la multa, se les ofrece el pago “por antincipado” para recuperar la libertad. De esa manera, la detención queda asentada en el aire, la comisaría recauda, y el dinero no entra al circuito oficial.
La contravención más común es “desorden”. Una tipificación vaga, en la que pueden encuadrar diversas conductas, muchas de ellas incomprobables.
Galería de fotos
LOS ROSTROS DE LA IMPUNIDAD